De propiedad pública, pero no estatal: el caso de CEDAE

La discusión sobre la nacionalización/desnacionalización de empresas públicas necesita ser ampliada. Los argumentos utilizados hoy mezclan gobierno, Estado y público. ¿Por qué no introducir en el tema la desvinculación de la gestión de esas empresas de la administración del Estado (realizada por el gobierno)? Obsérvese que esta cuestión puede ser conducida sin avanzar en dirección a la privatización, como se la entiende entre nosotros hoy.

Sugerimos que Cedae sea una empresa pública, de propiedad de los usuarios, mediante acciones o cuotas vinculadas a algún factor de uso del servicio, como, por ejemplo, el medidor de agua, con sus activos no negociables en la bolsa. El modelo para la división de las cuotas (todas con derecho a voto) entre los usuarios es una cuestión importante a ser discutida en cada lugar donde la empresa pública vaya a ser implementada. Tenemos algunas ideas, que, sin embargo, no caben en este artículo.

¿Y por qué esta solución? En principio, porque no parece razonable otorgar concesiones de servicios monopolísticos a individuos o grupos empresariales privados. La esencia de la propiedad privada de una empresa, como se la entiende hoy, se basa en el sistema económico capitalista y, por lo tanto, en la libre competencia. Ahora bien, en un sistema monopolístico, como se caracteriza un sistema de distribución de agua, no hay lugar para la libre competencia, a menos que se admitan dos o más redes en las mismas calles públicas, con competencia por clientes entre las empresas, lo que solo puede ocurrir en situaciones muy peculiares, normalmente inconcebibles.

Por otro lado, todavía es necesario profundizar la defensa de la empresa pública en relación con las actuales empresas estatales (gubernamentales). En primer lugar, un gobierno, por más eficiente que sea, no puede gestionar eficazmente todos los frentes que hoy le competen. Nuestra propuesta es descentralizadora. Además, si el Estado es responsable de prestar el servicio, ¿quién lo fiscalizará?

Imaginemos, sin hacer un juicio de valor sobre el actual gobierno de Río, elegir un gobernador de determinado perfil ideológico comprometido con las funciones básicas de gobierno con fuerte contenido social, por ejemplo, pero al mismo tiempo desear tener una administración de la “empresa de agua” que sea eminentemente técnica o incluso conservadora, sin que eso sea contradictorio. Hoy no podemos.

La sociedad quiere que busquemos sistemas que no estimulen la actual lógica fisiológica de concesión de favores, cargos y prácticas clientelistas. En el modelo que proponemos, los consejos de administración y los cuadros técnicos de la administración de las empresas públicas serían juzgados, promovidos o mantenidos en sus cargos por la población según el resultado alcanzado, por su esfuerzo y competencia (mérito), y no como ocurre hoy en la mayoría de los casos, según conexiones políticas o proteccionismo. Con estabilidad en las empresas públicas, todos ganarían: empleados, proveedores, contratistas, proyectistas y usuarios.

No hay lugar para la libre competencia, a menos que se admitan dos o más redes de agua en las mismas calles públicas, con competencia por clientes.

En resumen, se propone crear entre nosotros la empresa pública o empresa de propiedad de los usuarios, como se la llama en algunos países. La Denver Water Company, en Colorado, en Estados Unidos, es un ejemplo. Opera bajo este modelo desde hace cien años con resultados satisfactorios, en el cual la población ejerce el control accionario de las empresas directamente, sin pasar por el grupo que eventualmente esté en el poder, como ocurre hoy. Un método para implementar este sistema puede ser la venta obligatoria de todas las acciones con derecho a voto de estas empresas a los usuarios, siguiendo el ejemplo de lo que hizo el sistema Telebras hace algún tiempo, aunque con una porción accionaria menor al 50%. Este método tendría un atractivo capaz de conquistar aliados: una fuente de recursos inmediatos para el Estado de Río. Nos parece que el momento es favorable para la discusión. Puede ser una idea más adecuada que privatizar un sistema de agua existente, como en el debate actual sobre la “joya de la corona”, nuestra Cedae.

(*) Reynaldo Barros es presidente del Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía de Río de Janeiro (Crea-RJ), y Miguel Fernandez es ingeniero y miembro de la Asociación Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Publicado en O Globo, el 9 de febrero de 2017

(*) Miguel Fernández y Fernández, ingeniero, cronista y articulista, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería # R2026junRa, 4.438 caracteres