Empresas públicas, no estatales

La discusión sobre estatización/desestatización necesita y debe ser ampliada. Los argumentos hoy usados confunden gobierno, Estado y público (población). ¿Por qué no se incluye la desvinculación de la gestión de esas empresas de la administración del “gobierno” (en nombre del Estado)? Esa cuestión puede ser conducida sin que se vaya en dirección a la “privatización” como ella es hoy entendida entre nosotros.

“Empresas Públicas”, 100% propiedad de los usuarios por medio de acciones o cuotas vinculadas a algún factor de utilización del servicio, como por ejemplo el medidor de agua o el medidor de electricidad (y no negociables en la bolsa de valores), existen por el mundo. Cómo dividir las cuotas entre los usuarios es un importante asunto a discutir en cada lugar en que se vaya a implantar una “empresa pública”. Discutir detalles o ideas no cabe en un artículo de esta naturaleza.

¿Y por qué empresas “públicas”? En principio, porque no parece razonable otorgar “concesiones” de servicios monopolistas a individuos o grupos. La esencia de la propiedad privada de una empresa, tal como hoy es entendida, se fundamenta en el sistema económico capitalista y, por lo tanto, en la libre competencia.

Ahora bien, en monopolios naturales, como son “los sistemas de distribución de agua o de energía eléctrica”, no hay espacio para la libre competencia, a menos que se admitan dos o más redes de agua o de energía en las mismas calles, con disputa de clientes entre las empresas, lo que hoy en día parece inconcebible.

Por otro lado, frente a las actuales “empresas estatales” (“gubernamentales”), las ahora propuestas “empresas públicas” presentarían diversas ventajas. Primeramente: un gobierno, por más eficiente que sea, no puede encargarse de administrar de forma eficaz todos los frentes que hoy le competen, y esa propuesta es descentralizadora. Además, si el gobierno queda responsable por prestar el servicio, ¿quién lo fiscalizará?

Se puede querer votar por un candidato de cierto perfil ideológico para lo que se entiende como funciones básicas de Estado, por ejemplo policía, guardias para emergencias, soluciones de conflictos, educación, etc., pero nos gustaría tener una administración de la “Cía. de Aguas” meramente técnica, o hasta “conservadora”, sin que eso sea una incoherencia. Hoy no se puede.

Los cuadros técnico-administrativos de las “empresas públicas” aquí propuestas serían juzgados, promovidos o mantenidos en sus puestos por la población, según el resultado alcanzado, por su esfuerzo y competencia (mérito), y no como hoy ocurre en la mayoría de los casos, en función de vínculos políticos.

Con estabilidad en las “empresas públicas”, todos ganarían: funcionarios, proveedores, contratistas, proyectistas y usuarios.

Resumiendo, se proponen “empresas públicas” o de “propiedad de los usuarios” (como son llamadas en algunos lugares donde existen), en que la población ejerce el control accionario de las empresas directamente, sin pasar por el grupo que eventualmente se encuentre en el poder, gobernando (como hoy ocurre).

Un método para implantar ese sistema puede ser la “venta” compulsoria de la totalidad de las acciones con derecho a voto de esas empresas a los usuarios. Ese método tendría un detalle capaz de atraer aliados: fuente de recursos inmediatos para el gobierno y para el Estado.

El momento es propicio para esa discusión, pues parece más adecuado que “privatizar” “o no” sistemas de monopolios naturales existentes.

Miguel Fernández y Fernández, ingeniero, cronista y articulista, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería # publicado en el Jornal do Brasil el 14dic2018, pág.09 R2026janRa, 3.356 caracteres