Limpiar el saneamiento
- Miguel Fernández
- 12 jun
- 4 Min. de lectura
Los servicios de agua y alcantarillado deben ser y pueden ser autosostenibles, sobre todo para evitar la sobrecarga del sector salud, dado que son medicina preventiva.
La tarifa debe cubrir los costos de inversión, operación, mantenimiento, capacitación, expansión, gestión, tiempo y el riesgo inherente a cualquier actividad.
El saneamiento es un monopolio natural y un mercado con baja elasticidad de precios. Los consumidores no pueden modificar significativamente sus necesidades diarias de agua de forma sostenible.
Como monopolio, la presencia permanente del Estado, regulando y supervisando, se considera un axioma. Sin embargo, la prestación del servicio por parte del propio Estado, tanto a lo largo del tiempo como en muchos lugares, ha demostrado ser ineficiente e insuficiente para alcanzar niveles de servicio incluso razonables, lejos de lograr la tan necesaria y deseada universalización de los servicios de saneamiento. Este fracaso se debe, sin duda, a quién, en estos casos, supervisa al Estado.
Este artículo pretende recordar la historia de la estructura tarifaria actual, basada en tarifas progresivas, una especie de "escalones crecientes" para los subsidios cruzados internos. Este modelo se ha asumido sistemática y misteriosamente como el formato de cobro definitivo en el sector.
La creación de este modelo tarifario, vigente en Brasil, tuvo lugar alrededor de 1973, durante el gobierno de Médici, con Delfim Neto como ministro, quien decidió contener la inflación congelando los precios de los servicios públicos, incluyendo el saneamiento en Río. En aquel entonces, la inflación brasileña se medía en la ciudad de Río, pero era válida para todo el país.
Las entonces CEDAG y ESAG (Empresa de Agua y Alcantarillado de Guanabara), ambas con grandes deudas con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), provenientes del sistema de Guandú y del Interceptor y Emisario Oceánico, reaccionaron a la situación creando una "tarifa básica", congelada, como quería Brasilia, pero añadiendo "escalones crecientes" para reequilibrar financieramente la recaudación, generando una especie de subsidio cruzado interno.
En aquel entonces, para justificarlo, se argumentó que sería una forma de redistribución del ingreso, ya que quienes consumían más agua eran los más ricos. Esta noticia falsa persiste hasta el día de hoy. Los censos generalmente indican que los hogares más pobres están más densamente poblados y tienden a tener más residentes.
En otras palabras, mediante la represión económica, se reduciría el consumo, lo que llevaría a la población a ducharse menos, ir al baño con menos frecuencia, beber menos agua, etc. ¡Es incluso cruel porque es tan injusto con los menos favorecidos! Pero fue una grata sorpresa para los prestamistas.
En la práctica, este nuevo modelo tarifario dificultó la visualización de los aumentos y aumentó significativamente los ingresos. Como resultado, los bancos comenzaron a recibir sus préstamos con facilidad y a apoyar con entusiasmo esta estructura, extendiéndola por todo el mundo.
Al principio, los "pasos" eran más modestos. Hoy en día, no. El mismo metro cúbico (m³) de agua cobrado en Río varía más de siete veces, ¡dependiendo del beneficiario! Dado que los m³ de aguas residuales dependen de los m³ de agua, el problema se agudiza. Por ejemplo, en agosto de 2023, un consumo de 30 m³/mes (4 personas/hogar a 250 litros por habitante y día) resulta en una factura de ±540 reales. Para 6 personas (45 m³/mes), sería de 1.040 reales. Un aumento del 50% en el consumo (de 4 a 6 personas) representa casi un aumento del 100% en la factura y en el valor del mismo m³, en el mismo lugar, lo cual no parece razonable para nadie. En SABESP, COPASA-MG, en todos los estados y en muchos países, es prácticamente igual.
Hoy en día, las tarifas son difíciles de entender, gestionar y auditar. Al no existir leyes que cumplir (ni en el sentido legal ni científico), cada lugar termina haciéndolo como le conviene. Si se buscase la justicia social cobrando por el agua y el alcantarillado (saneamiento), sería mejor cobrar por la demanda instalada, incorporando la especulación inmobiliaria a los pagadores, es decir, terrenos y viviendas vacías (siempre que haya tuberías disponibles en el frente). O considerar aspectos que actualmente se ignoran y que contribuirían a la economía del sistema, como la distancia de transporte (proximidad a la fuente de agua), etc.
Es hora de decir que estas injusticias crean un entorno hostil para los operadores/concesionarios (ya sean estatales o privados), generando situaciones que generan gastos innecesarios que se traducen en costos y demandas de aumentos tarifarios.
Las necesidades sociales no deben ni pueden ignorarse. Cabe destacar que existe la llamada "tarifa social", con un valor aproximado de R$ 50,00 al mes, siempre que se utilice menos de 15 m³ al mes (esto es lo que implica una explicación confusa disponible en los sitios web de los concesionarios), subsidiada por las tarifas normales.
¿A quién se atribuye la tarifa social? ¿Quién la paga? El autor de este artículo cree que el subsidio para quienes no pueden pagar debería abordarse con programas como los "bonos de agua", incluso si se trata de un subsidio interno o está vinculado a otra infraestructura.
Considera también que la transición de la estructura actual a otra más racional debe estudiarse e implementarse con cautela y de forma gradual para no crear desequilibrios financieros ni quedar a merced de sabotajes por parte de posibles intereses opuestos.
Miguel Fernández y Fernández, Ingeniero y columnista
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Rio de Janeiro, publicado no Jornal O Dia em 04 de outubro de 2023, pág 11.
publicado na revista Engenharia, edição 657 de out2023, págs 58,59 e 60
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