Tarifas públicas y Subsidios

Dentro de criterios ética y correctamente defendibles, la ciencia tributaria creó un impuesto distributivo llamado "IR" (Impuesto sobre la Renta). En Brasil, como tantas otras cosas, fue desvirtuándose y terminó convirtiéndose en un simple instrumento recaudatorio.

Antiguos reportajes señalaban que el mayor contribuyente individual del Impuesto sobre la Renta en Brasil era Senor Abravanel (Sílvio Santos), quien, por sí solo, como persona física, pagaba (base 1998) más que cualquiera de las fábricas de automóviles instaladas en Brasil.

Quizás por esas razones, las tarifas de los llamados servicios públicos, que teóricamente deberían servir para reembolsar los costos de dichos servicios y eran algo relativamente sencillo de comprender y administrar, terminaron convirtiéndose en objeto de propuestas complejas y dispares, que van desde la redistribución de ingresos mediante estructuras tarifarias con "subsidios cruzados", hasta "inhibidores" del consumo, "derechos de ciudadanía", etc.

No hace falta remontarse demasiado en el tiempo, quizá unos cincuenta años. Todos los servicios públicos tenían tarifas decrecientes conforme aumentaba el consumo. En las escuelas económicas racionales, el argumento que sustentaba esa estructura de precio unitario decreciente se llamaba "economía de escala". Aunque sigue siendo racionalmente válido, pasó a ser ignorado.

No se sabe muy bien cómo ocurrió todo esto, pero el tema merecería una tesis de maestría o doctorado. Incluso doy una pista: durante el gobierno Médici, con Delfim Neto como ministro, alrededor de 1973, se decidió maquillar las estadísticas de inflación congelando las tarifas de los servicios públicos.

Ese "engáñame, que me gusta" funcionó hasta que, por efecto retardado, reapareció a través del conocido reajuste del 12 % incorporado a los cálculos de la inflación cerca de veinte años después, del que muchos se acordarán.

Al principio, tímidamente, con pequeñas diferencias, hasta llegar a las escandalosas variaciones actuales, en las que, por ejemplo, el metro cúbico de agua de la CEDAE o de la SABESP varía aproximadamente diez (10) veces entre el menor y el mayor valor. Lo mismo ocurre con el metro cúbico de alcantarillado. En la electricidad quizá no llegue a tanto, pero es o fue algo parecido.

Por cierto, como el asunto no tiene ninguna lógica, salvo el descalabro administrativo, no existen leyes (ni en el sentido jurídico ni en el científico) que deban seguirse; cada uno hace lo que quiere. ¿O cuál sería el criterio para la electricidad y cuál para el agua, el gas, etc.? ¿Y por qué el valor del metro cúbico para uso doméstico es diferente del comercial, y este diferente del industrial, ya sea un relojero o un taller de confección con bajo consumo de agua incorporado a su producción, o un restaurante, una lavandería o una fábrica de bebidas, con gran dependencia y consumo de agua?

¿Por qué dos residentes que consumen poca agua en un apartamento de lujo llegan a pagar por el metro cúbico de agua diez veces menos que una familia numerosa, con diez o quince personas bajo el mismo medidor, que necesariamente consume mucha agua? ¿Cuál es la lógica? ¡No la hay!

La situación es tan absurda que, para no perder grandes consumidores industriales y comerciales, parece que algunas concesionarias están celebrando acuerdos paralelos con algunos de ellos, en secreto. ¿Por qué con unos sí y con otros no? ¡Imaginen los pasivos contables que se están creando, pues quienes no están incluidos exigirán igualdad de trato!

Alguien dijo: "Una mentira repetida muchas veces acaba prevaleciendo como verdad". Resultado: la falsa justificación, inicialmente tímida, de la redistribución de ingresos con un fondo social terminó convirtiéndose en una "verdad".

El agua, la electricidad, el gas, en fin, no tienen ideología; no deben utilizarse como instrumentos de redistribución, pues solo servirán de engaño.

El impuesto distributivo es el "IR"; debemos luchar para que sea efectivo y eficaz. Cualquier otro enfoque es evasión, ignorancia / ingenuidad, demagogia o una mezcla de todo ello.

La tarifa existe para cubrir los costos de un servicio, incluidos las inversiones, los costos operativos, el mantenimiento, la investigación, las mejoras, las reinversiones, los márgenes y los riesgos. Y nada más. Quien consume más y quien está más cerca de la fuente de agua contribuye a la eficiencia económica del sistema en su conjunto y a su viabilidad. Debería pagar un precio unitario menor, calculado racionalmente en función de las distancias y de las economías generadas.

Los componentes de "justicia social" serían más justos gravando al especulador inmobiliario o a la vivienda que no consume, mediante la "demanda instalada", cuando exista una red con agua disponible frente al terreno o una casa desocupada. Las excepciones, que existen y no deben ignorarse, podrían tratarse mediante un "vale de agua", al estilo de la "Bolsa Familia". Lo demás no es más que otro "engáñame, que me gusta".

Miguel Fernández y Fernández, ingeniero, cronista y articulista, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería # escrito en 2018nov23, 3.786 toques