Tonterías 4 (Paisaje inútil)

Lamentablemente, y también porque nadie reacciona, nuestros legisladores viven creando leyes simplistas e innecesarias que, si no son malintencionadas, son ingenuas y solo aumentan las dificultades que tenemos en nuestro día a día para sobrevivir. A veces son leyes curiosas, a veces ridículas. Ejemplos:

01 – Es obligatorio el aviso: “verifique si el ascensor se encuentra detenido en este piso antes de entrar”. Es decir, suponer que las personas estarán atentas para leer los avisos, pero no para ver el hueco frente a ellas, es, en la práctica, una tontería.

02 – Las etiquetas de las botellas de agua mineral están obligadas a informar: SIN GLUTEN. ¿Acaso existe agua con gluten? ¿Será la de la CEDAE? ¡Es un despropósito!

03 – Los envases de huevos informan: “20 huevos tipo extra A”, pero están obligados a incluir la joya: “ALÉRGICOS: CONTIENE HUEVOS”. Imaginen si los huevos no contuvieran huevos. Al menos todavía no obligan a decir que son de gallina (y no de gallo).

04 – Y en las carreteras: “radar apagado” (hay al menos dos en la BR-101, en Itaboraí, desde hace más de 5 años). ¿Cuál habrá sido la motivación de esos carteles? Tal vez alguien del DNER, al ver tanta tontería, pensó que la tontería ayuda a prosperar, como decía Rui Barbosa, y “se puso manos a la obra”.

05 – ¿Y los botiquines de primeros auxilios, los extintores (leyes federales), obligatorios en los autos y ahora ya no? ¿Cuántas multas?

06 – ¿Y los incineradores de basura, luego los trituradores, durante mucho tiempo obligatorios en Río?

Tengo la impresión de que aquí en Río somos campeones en estas cosas. Si es para complicar o crear dificultades innecesarias, “estamos juntos”. ¿O será a propósito para que los inspectores multen (o no) a quien se olvide de poner uno de esos avisos? Me entristece decirlo, porque toda mi familia es carioca.

Estamos entrando en marzo de 2023, fecha límite para otra de esas tonterías: “todos los consumidores comerciales y residenciales pasan a estar obligados a realizar, cada cinco años, una inspección de las instalaciones de gas de sus unidades”. (Curiosamente no se incluyen unidades públicas, ni industriales, ni de servicios).

Esto para cumplir con la ley estadual 6.890/14 (originada del PL 762/2007 del entonces diputado estadual Alessandro Lucciola Molon, en ese momento del PT y hoy en el PSB). Me quedo pensando: ¿cuál habrá sido la motivación de este mineiro de Belo Horizonte (1971), formado en derecho, al proponer esta ley? ¿Habrá ocurrido algún accidente lamentable? ¿Una singularidad en diez millones? ¿Creer que, con esta ley, no ocurrirán más accidentes o que se reducirán significativamente? ¿Empezar a prohibir que las personas nazcan porque es peligroso vivir? ¿Para presumir de haber presentado y aprobado muchos proyectos de ley? Al fin y al cabo, estas leyes, además de no aportar nada, tampoco cuestan nada: basta con aprobarlas. El costo lo pagan los ingenuos. Se castiga a todos por uno u otro caso, que siempre ocurrirán y que siempre lamentaremos. Ocurrirán siempre, porque los imprevistos siempre ocurren.

Molon es una persona inteligente, lo suficiente como para no necesitar ni dejarse enredar en algo así, aunque puede haber sido una asesoría ingenua, o un momento infeliz que todos podemos tener, o incluso un poco de demagogia que pasó. No debía haberse aprobado. Es una ley que presupone que el ciudadano es suficientemente capaz de pagar un carísimo impuesto predial, pero no de cuidar su propia vivienda. Solo puede haber sido un sabotaje contra Molon.

Cuando todo indicaba que esta ley sería una más de aquellas que “no cuajaron”, ya que estuvo desde 2007 hasta ser sancionada en 2014 y caía en el olvido, apareció la AGENERSA (Agencia Reguladora de Energía y Saneamiento del Estado de RJ), en septiembre de 2018, en vísperas de las elecciones, y publicó la IN 73, reglamentando el asunto y convirtiendo la broma en realidad: determinó la obligatoriedad de inspección de seguridad en las instalaciones de gas cada cinco años, realizada por empresas acreditadas por el INMETRO (nombre clave “OIA – Organismo de Inspección Autorizada”, sí, hasta tiene sigla para impresionar y parecer serio).

Lo que ya era innecesario se volvió aún más absurdo: ¿por qué “acreditado por el INMETRO” y con profesionales registrados en el CREA? ¿No existen las escuelas de ingeniería, fiscalizadas por el MEC, que otorgan diplomas a quienes aprueban? ¿Esos diplomas no habilitan para el ejercicio profesional? ¿Por qué los ingenieros no pueden ejercer libremente su profesión (como ya lo hacen en las autovisturías prediales)?

Es absurdo que un ingeniero formado tenga que contratar empresas “acreditadas” para inspeccionar su propia casa, cuyas instalaciones proyectó y supervisa todos los días. ¿No puede ejercer su profesión libremente? Si esto no es inconstitucional, ¿qué lo será?

¡Y nadie reclama! Ni el Club de Ingeniería, ni el CREA, ni los sindicatos, ni las escuelas, ni el propio Molon. Nadie. ¿Cuánto cuesta este silencio? ¿A quién le interesa?

¿Por qué la ABNT surge casi como legisladora sin serlo (es una ONG)? Consulté informalmente a colegas de Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis. Parece que allí no hay ni autovisturía predial ni de gas. Y no parece haber más o menos accidentes.

¿Es otra burocracia que tendremos que pagar? ¿Otro “costo Río de Janeiro”? Una vergüenza también para la ingeniería. En lugar de hacer ingeniería, nos estamos convirtiendo en burócratas.

Parece que solo hay diez empresas acreditadas por el INMETRO y el servicio debe completarse antes de fines de marzo de 2023. ¿Van a cortar el gas de más de la mitad de Río? ¿Tal vez del 100% de las comunidades de bajos ingresos? Quiero verlo. Incluso Copacabana tiene muchos edificios de bajos ingresos.

La Rio-Light, que dice tener dificultades financieras porque no logra cortar la energía de morosos y clandestinos, debería prestar atención: tal vez una ley similar, una “inspección de instalaciones eléctricas”, le dé respaldo jurídico. Deja de ser una acción contra los pobres y pasa a ser una “protección” para ellos. ¡Genial!

Por otro lado, estas inspecciones, estimadas entre 300 y 500 reales por unidad, están destinadas a ser fraudulentas. Nadie en su sano juicio puede inspeccionar seriamente un edificio en Copacabana, de más de 60 años, pegado a otros dos iguales, por menos de 100 mil. ¡Están cobrando 5 mil!

Lo positivo es que van a demostrar la inutilidad de los CREA y/o generar competencia. Tengo curiosidad: ¿quién ganará? ¿Los CREA? ¿El INMETRO? ¿La ABNT? ¿O lo que está por venir?

El primer accidente de gas tras una inspección con todas las leyes cumplidas: ¿quién indemnizará a las víctimas? ¿El INMETRO? ¿El OIA? ¿La ABNT? ¿La AGENERSA? ¿Molon? ¿Y quienes mueran electrocutados por duchas eléctricas tras cortar el gas?

Algunos gimnasios ofrecen dos opciones: o se presenta certificado médico o se firma una autodeclaración. Si algo ocurre, el alumno se responsabiliza. No hizo falta una ley.

Cuando colapsaron las represas de Mariana y Brumadinho, estaban al día con CREA, INMETRO, ABNT… pero colapsaron. Porque, en lugar de ingenieros valorados y bien pagados, el dinero va a burocracias inútiles.

Es la industria de las “licencias” inútiles retrasando el país.

Sin culpar a otros por nuestras “infantilidades”, ya que ellos defienden sus intereses, nos corresponde defender los nuestros. Doy la razón a un colega que dice que países más desarrollados fomentan estas actividades inútiles para que tengamos los mismos costos que ellos.

Finalmente, para no parecer que hablo solo, consulté a colegas ingenieros de gran nivel. Solo recibí apoyo.

No dejen de escuchar la genial canción de Aloysio de Oliveira y Tom Jobim que inspiró el título de este texto. Cambien cielo, mar, viento… por “leyes” (o “decretos”…).

Miguel Fernández y Fernández, ingeniero, cronista y articulista, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería # escrito el 03mar2023 R2025eneRc, 3.963 caracteres

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